Los asuntos económicos y sociales han vuelto a protagonizar en 2018 las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo. La discapacidad en su vertiente educativa, de derechos constitucionales (voto) y sanitarios (copago farmacéutico) quedan recogidas expresamente en su informe.

Sin duda, las actuaciones de particulares y de las plataformas que representan a estas personas han hecho bien su trabajo hasta conseguir su lugar en el informe. Un colectivo de 4 millones de personas en España del que “no nos podemos permitir prescindir” (Francisco Vañó, diputado). La presencia de la discapacidad en el informe del Defensor del Pueblo nos hace pensar en visibilidad y en un nuevo altavoz y plataforma reivindicativa para este grupo que integran miles y miles de personas.

Entre las actuaciones y recomendaciones más relevantes a lo largo de 2018, extraemos a continuación las referidas expresamente a la discapacidad.

Educación. En 2018 el Defensor ha seguido realizando numerosas actuaciones para favorecer el cumplimiento efectivo del derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad. Por ejemplo, ha pedido que se garantice que alumnos con autismo puedan asistir al aula especializada que necesitan, en el centro donde ya estén escolarizados. Además, la Institución ha iniciado una actuación de oficio con todas las comunidades autónomas tras conocer que algunas de ellas podrían tener prevista la creación de nuevos centros de educación especial. El Defensor del Pueblo quiere conocer si estas previsiones siguen la línea que marca la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

Voto personas con discapacidad. El Boletín Oficial del Estado recogió el pasado 6 de diciembre la reforma de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) gracias a la cual todas las personas con discapacidad podrán ejercer su derecho al voto. El Defensor del Pueblo lleva años reclamando esta modificación (…)

Sanidad. (…) Por otra parte, el año pasado también se volvió a insistir en la necesidad de revisar el actual modelo de copago farmacéutico para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan (…).

(…) Otra actuación relevante en materia sanitaria tuvo que ver con la queja abierta ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la publicidad y comercialización de un producto, clorito de sodio, para su uso por pacientes con trastornos del espectro autista con fines supuestamente curativos.