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La Diputación y Aspanias renuevan convenio
Los presidentes de la Diputación provincial de Burgos (César Rico) y de la Fundación Aspanias Burgos (Miguel Patón) han firmado (31.3.2016) el anexo al convenio de colaboración que mantienen desde el año 2011 “para la ocupación de plazas y atención de usuarios procedentes del Complejo Asistencial “San Salvador de Oña”.

La Diputación burgalesa entregará a la Fundación Aspanias Burgos 146.894,10 euros para que pueda seguir atendiendo a los usuarios procedentes del complejo dependiente de la corporación provincial y atender otras necesidades de las personas con capacidades diversas o dependientes de la provincia.

Por su parte la entidad perteneciente al Grupo Aspanias seguirá ofreciendo “atención integral” y prestando “los servicios necesarios y específicos a estas personas, y a su situación socio-sanitaria” incluyendo entre otros “los servicios de alojamiento en centros adecuados, manutención, atención ocupacional, y asistencia personal integral, pasando los mismos a ser usuarios residentes de Aspanias”, como recoge el convenio.

El presidente de la Diputación burgalesa ha agradecido a Aspanias su colaboración porque “nos permite seguir dando un servicio especializado” a quienes fueron usuarios del complejo de Oña. César Rico ha manifestado que “el convenio tiene vocación de continuidad mientras se mantengan las necesidades de atención (a estas personas)”, y ha añadido que “seguramente con Aspanias podemos llegar a acuerdos en programas como en Salas (en alusión a la nueva residencia “Río Arlanza” que Aspanias ha comprado en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes).

A su vez, el presidente de la Fundación Aspanias Burgos también ha expresado su agradecimiento por “el apoyo y la confianza que nos transmite (la Diputación y su presidente) con la renovación de este convenio”, y ha reiterado la “disposición de Aspanias a trabajar coordinadamente con las instituciones”.

Miguel Patón ha aprovechado la comparecencia pública ante los medios para pedir a los representantes públicos que “no abandonen las políticas sociales, que las doten de recursos suficientes y que incorporen a su agenda diaria acciones y testimonios en defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual”.